Después de muchos años de lucha de los vecinos del barrio Santa Inés, el municipio de San Vicente clausuró la planta AVICOMAR por las irregularidades que se fueron constatando a lo largo del tiempo, en su mayoría ligadas a la salud pública.
San Vicente | La clausura se concretó en cumplimiento del Decreto municipal 580, por el cual el Intendente Nicolás Mantegazza declaró la “Caducidad de la habilitación concedida para la producción y explotación comercial de huevos”
Las actuaciones se fundamentaron por el abandono edilicio y el incumplimiento, en reiteradas ocasiones, de las medidas necesarias exigidas por la municipalidad y por la autoridad de aplicación para evitar la gran cantidad de moscas que afectaban a todos los vecinos de las inmediaciones, poniendo en riesgo la salud pública.
Durante años, los vecinos del barrio Santa Inés realizaron todo tipo de reclamos y hasta manifestaciones en forma pacífica para que la planta suspendiera sus operaciones, pero nada dio resultado y los padecimientos se acrecentaron porque el problema ya es directamente relacionado con la salud de las personas que, en todos los casos, deben vivir con sus casas absolutamente cerradas ante la invasión de moscas.
La celeridad con que tomó este tema el gobierno local fue fundamental para concluir una larga historia que mantuvo de rehenes a muchos vecinos que hoy sienten la tranquilidad y el agradecimiento por las diligencias que el municipio llevó adelante.
“Después de 10 años de desidia se logró hacer justicia con respecto a la contaminación ambiental y a los graves efectos que tuvo para la salud, la presencia de moscas y roedores en la zona” señaló el comerciante Pablo Matayoshi, vecino de la planta, que fue una de las puntas de lanza en la lucha que llevaron adelante los vecinos.
De las investigaciones y las denuncias realizadas, el Decreto municipal señala que la empresa incurría en varias faltas: “presencia de guano, focos larvarios, moscas, desechos orgánicos no retirados por mucho tiempo, e inconvenientes estructurales no resueltos a pesar de las incesantes e insistentes intimaciones” (…)
El decreto del cese de actividades del establecimiento, además, emplaza a efectuar el despoblamiento de las aves en un plazo máximo de 15 días corridos, que comienzan a computarse a partir del día de mañana (domingo 21 de junio).
Por otra parte, según informaron desde la Secretaría de Protección Ciudadana, se impuso bajo apercibimiento de ley, garantizar la salubridad del predio y de los animales durante el proceso de despoblamiento, quedando absolutamente prohibida la comercialización de los productos, bajo advertencia de incurrir en el delito de Desobediencia, según lo indica el artículo 239 del Código Penal.
En diálogo con Al Sur Web, el ex Juez Federal, Gabriel Di Mateo, señaló, sobre este tema: “Hay que sacarse el sombrero con las autoridades municipales, que en pocos meses pudieron hacer lo que la anterior administración no hizo durante cuatro años”.
